Perú: Ministerio Público solicitó la incorporación de Vladimir Cerrón en el caso ‘Los Dinámicos del Centro’
El Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín solicitó la ampliación de investigación preparatoria contra Vladimir Roy Cerrón Rojas, por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal, por el caso ‘Los Dinámicos del Centro’.
La solicitud formulada por la fiscal Bonnie Bautista,
titular de este despacho, se sustenta en que existirían indicios reveladores
-como conversaciones existentes en las actas de lectura de celular, actos de
corroboración con el aspirante a colaborador eficaz y la información brindada
por los aspirantes a colaboradores eficaces- que harían presumir que Cerrón
Rojas sería integrante de la mencionada organización criminal.
También estas versiones han permitido presumir que el
exgobernador de Junín conocía del tráfico de licencias en el interior de la
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones y del direccionamiento en la
contratación de personal bajo la modalidad CAS, todos con afinidad al partido
político que lidera.
El requerimiento fiscal ha establecido un plazo de
investigación de 36 meses. Asimismo, ha ordenado el cumplimiento de diferentes
diligencias, entre ellas la recepción de la declaración indagatoria a Cerrón
Rojas, programada para el 26 de agosto o el 31 de agosto de 2021, a las 09:30
horas.
Revocación de suspensión de pena privativa
La representante del Ministerio Público, además, solicitó
al Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Supraprovincial Especializado
en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huancayo, la revocación de la
suspensión de la pena de cuatro años de cárcel impuesta a Vladimir Roy Cerrón
Rojas, Henry Fernando López Cantorín, Juan Carlos Sulca Yauyo y Carlos Arturo Mayta
Valdez, por la comisión del delito contra la administración pública, en su
modalidad de negociación incompatible.
Según el pedido del despacho fiscal existiría un
flagrante incumplimiento de las reglas de conducta fijadas contra los
procesados, en relación con el pago del monto por reparación civil.
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